La Guardia Civil detiene a la cúpula de la Autoridad Portuaria de Baleares acusada de favorecer a empresarios locales. La concesión de Ibiza, clave en el escándalo
La Fiscalía Anticorrupción ha irrumpido en el opaco y opulento negocio de las concesiones en los Puertos de Baleares. Una operación judicial detuvo el viernes al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, y a su mano derecha, cuando bajaban del avión procedentes de un cónclave de todos los presidentes de puertos de España. Uno de los asuntos por el que se investiga a Gual es la concesión al Club Náutico de Ibiza, que, como ha ido informando este diario, prorrogaba sistemáticamente y los tribunales iban anulando.
Los puertos deportivos son a menudo instalaciones con poco margen de negocio. Con una excepción: Baleares, donde la llegada de multitud de barcos de lujo convierte la gestión de los amarres en un preciado tesoro. Los puertos son de dominio público y operan bajo concesión. Y eso, según denuncian las empresas que querían entrar al negocio, era un coto cerrado de unos cuantos empresarios locales.
Uno de los puertos que registró la Guardia Civil tras una denuncia de Anticorruoción en un juzgado de Palma es el club náutico de Ibiza. Ostenta una concesión desde 1970 y, apoyado por todas las fuerzas parlamentarias, la APB insistía en renovarle la concesión frente a ofertas mejores económicamente. El puerto llegó a argumentar que, como el FC Barcelona, era más que un club. Sin embargo, en dos ocasiones la Justicia ya ha tumbado esas concesiones.
En mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló la concesión y condenó en costas al puerto, dependiente de Transportes, por insistir en un procedimiento viciado después de que una sentencia ya fallase en ese sentido dos años antes. La APB había incluido en los pliegos un criterio que solo cumplía el Club Náutico de Ibiza. “Se valorará el arraigo y la proyección que el club tenga dentro de la sociedad donde se desarrolla y a la que va destinado el proyecto social, cultural y deportivo, para lo que serán importantes indicadores tales como el número de socios con que cuenta el club y que se beneficiarán del mismo”.
La justicia anuló ese criterio que defendía el ahora detenido Gual de Torella, con una buena relación personal con la presidenta regional, la socialista Francina Armengol, que lo propuso para el cargo: “Yo creo que no existe en Baleares ni en toda España un club que lo apoyen desde la derecha hasta la izquierda. No existe ningún club que haya conseguido que el Parlament autonómico y el Congreso decidan que es una cuestión estratégica, con lo cual el club tiene muchos razonamientos”. También afirmaba que con los criterios con los que se evaluará la competencia de proyectos, “yo creo que el club cumple muchas condiciones para satisfacer lo que ellos han pedido”. Junto con Gual fue detenido su vicepresidente y otros cargos.
El TSJ de Baleares condenó en costas a la APB por la concesión al Club Náutico de Ibiza “al haber sostenido la acción con temeridad”. Lo hizo porque recprdaba que en marzo de 2018 la misma sala “ya advirtió a la APB de que el procedimiento se había iniciado con acuerdo inválido al no respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia”.
El caso de Ibiza no es el único bajo la lupa de Anticorrupción. Hace un año, la Autoridad Portuaria de Baleares acordó la concesión de la marina de Botafoch durante dos años con un precio mínimo de 2,3 millones de euros y por el que otras empresas llegaron a ofrecer cuatro millones. La concesión fue para la empresa que había quedado tercera en la valoración económica, Ocibar, pero primera al sumar otros conceptos.
Ha incurrido en gravísimos errores y que solo se explican por su notoria intención de favorecer la oferta seleccionada
Fernando Palao, ex secretario de Estado de Transportes con el PSOE, firmó un informe pericial denunciando que la Autoridad Portuaria “ha incurrido en numerosos incumplimientos del pliego de bases del concurso, que ha sido absolutamente parcial y sectaria a favor de Ocibar y que, en definitiva, ha incurrido en gravísimos errores impropios de técnicos ‘avezados’ y que solo se explican por su notoria intención de favorecer ilegítimamente la oferta seleccionada, al margen del ordenamiento jurídico y por motivos oscuros y espurios”.
Son solo un ejemplo de los problemas que han dado las concesiones en Baleares. Alguno de los muchos perjudicados, según la prensa local se inició en Mahón, acudió a Anticorrupción, que más de un año después ha decidido actuar. Fuentes del caso señalan el papel clave de Dolores Ripoll, abogada del Estado en la Autoridad Portuaria y que ejerció la acusación en el caso Noós y se hizo famosos por defender que “Hacienda no somos todos”. Fuentes del sector señalaron que la operación se había precipitado y esperaban arrestos de empresarios.
Fuente: https://bit.ly/3bxPtGH
