El viernes 24 de julio Ultima Hora publicó en su portada una primicia que sorprendió a la sociedad balear: «Registro en la sede de Autoritat Portuària por un caso de corrupción». La opinión pública se informó así de un operativo de la Fiscalía Anticorrupción que lleva 66 días «vivo», pero «aletargado» prácticamente desde entones.
Aquella tarde del 23 de julio, la Guardia Civil detuvo al presidente de la Autoritat Portuària (APB), Joan Gual de Torrella, y a otros cinco directivos, incluido el director Juan Carlos Plaza. Todos ellos pasaron la noche en el calabozo inútilmente, porque hasta la mañana siguiente no se procedió al registro de la sede de la APB en Palma, así como de otros inmuebles en Menorca e Ibiza. También se investiga a la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, aunque ella no fue detenida.
A lo largo de aquel día, todos los detenidos fueron puestos en libertad sin ser interrogados por la jueza de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora. Gual de Torrella puso su cargo de presidente a disposición. Pese a no tener constancia de las acusaciones concretas, no recibió el respaldo de ninguna fuerza política. Més y Unidas Podemos exigieron su cabeza y el PSIB le dejó caer antes de que la presidenta Francina Armengol pudiese resultar salpicada por la crisis.
Joan Gual de Torrella.
Dos meses después, los arrestados aún no han sido citados para comparecer ante la autoridad judicial. Las actuaciones permanecen secretas.
¿Qué se investiga?
La operación de la Fiscalía Anticorrupción persigue esclarecer un presunto caso de corrupción en la adjudicación de unos amarres en el puerto de Maó y en el Club Náutico Ibiza, entre otros.
Fuentes de la investigación apuntan a que indagan la gestión de Gual de Torrella en la APB desde que en 2018 recibieron las primeras denuncias de irregularidades en las adjudicaciones de amarres en Maó.
Dos sentencias del TSJIB que anularon la concesión al Club Náutico Ibiza reforzaron las sospechas de la fiscal Anticorrupción Laura Pellón, que dirige las investigaciones.
Además, un rosario de recursos administrativos planteados por empresarios a quienes no se han prorrogado las concesiones que venían gestionando (con la consiguiente pérdida económica, en algunos casos multimillonaria) y/o que no han ganado los concursos a los que habrían concurrido, acrecentaron la decisión de investigar a Gual de Torrella y a la cúpula directiva de la APB.
Sin embargo, el objetivo que algunos se habían impuesto ya se ha conseguido: derribar al presidente de la APB como demostración de fuerza y lanzar un mensaje claro a su sucesor, Francesc Antich.
Los protagonistas
Los protagonistas de esta lucha de poder desatada en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y Formentera que gestiona la APB son personas poderosas que casi nunca aparecen en público. Los más destacados (aunque no los únicos actores de la trama) son los siguientes:
Pedro Juan Soler Torrens. Es presidente de Sernautic Balears SL, empresa mallorquina del Grupo STeH (Sebastiana Torrens e Hijos) de Capdepera, a la que pertenecen, entre otras, la importante constructora Coexa, Hormigones Farrutx y Cantera Ses Fontanelles. Para Soler Torrens trabajan Juan Antonio Esteban Rodríguez (decano del Colegio de Ingenieros de Balears) y Ramón Ramírez Molina, dos extrabajadores de Dragados. De hecho, Esteban fue delegado de construcción de Dragados en Balears cuando se edificó el Hospital Son Espases. Sernautic quedó en segundo lugar en el concurso para la adjudicación de 154 amarres y taller en el muelle de Poniente del Puerto de Maó, que se adjudicó Marina Asmen SL, una empresa que aglutina a empresarios menorquines del sector náutico entre los que destacan Basilio Sastre, Juan José Meliá, Javier Mas, Benito Reynés y cuyo presidente es Marc Pons Pérez (Pedro’s Boat). Sernautic recurrió el resultado del concurso al ver frustrado su desembarco en Menorca.
Francisco Javier Jiménez de Cisneros es abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Representa al Club Deportivo Básico 12 Millas, ignota entidad que aspira a gestionar las instalaciones que el Club Náutico Ibiza lleva ocupando desde hace 95 años en el Puerto de Eivissa. El Club 12 Millas sostiene que todo el procedimiento para adjudicar tan preciado espacio portuario estaría manipulado para otorgar la concesión al CN Ibiza, presidido por Joan Marí Marí. Según fuentes de la investigación, Cisneros habría prestado declaración hace meses.
Nicolás Mayol Comas es un importante empresario y constructor, siempre vinculado a obras y concesiones portuarias. Su cuñado es el abogado Santiago Rodríguez-Miranda, exministro de Trabajo durante el último gobierno de la UCD (1981-1982). Mayol y Rodríguez-Miranda fueron socios en Marina Formentera con otro socio formenterenc, Ángel Bustos. Años más tarde, Mayol consiguió la adjudicación de Formentera Mar, enemistándose con su cuñado y con Bustos. Entonces se desató entre ambos una guerra sin cuartel en la que las actuaciones judiciales se suceden recíprocamente. Su rivalidad conlleva que cada decisión de la APB respecto a uno de ellos sea impugnada por el otro.
Estos tres grupos libran una pugna judicial sin cuartel que ha provocado esta crisis sin precedentes en la ATB con la caída de su presidente, las sospechas sobre la Junta y la imputación de la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, que sigue en su cargo.
Los acusadores
Dos son al menos las personas que han acudido a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar las presuntas irregularidades en la APB. Una es Enrique Braquehais Conesa, abogado del Estado. Se incorporó en 2016 al Consejo de Administración de la APB hasta que en 2018 fue apartado al romper por sorpresa la unidad de voto de los vocales designados por el Estado. Al parecer, Braquehais no estuvo conforme con la adjudicación a Marina Asmen de los amarres en el Puerto de Maó.
Enrique Braquehais.
Otra persona que ha declarado en la Fiscalía es el representante del Club Deportivo Doce Millas, Francisco Javier Jiménez de Cisneros. Este profesor y abogado denunció que el concurso de las instalaciones del Puerto de Eivissa estaba amañado a favor de Club Náutico Ibiza. Todo ello, tras dos sentencias del TSJIB revocando sendas concesiones a la entidad. La caída de Joan Gual de Torrella beneficia a ambos denunciantes, al debilitar la posición del Consejo de Administración de la APB.
Jiménez de Cisneros.
Fuente: https://bit.ly/3l3kBRZ
