La Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ejerce de la Entidad Pública Puertos del Estado, se sumará finalmente a la acusación de la Fiscalía en el ‘caso Musel’. En total, se formula acusación contra 21 personas y el Ministerio Fiscal pide para todas ellas penas de prisión y el pago de importantes cantidades de dinero. Los peor parados a ojos del fiscal, y ahora también de la abogada del estado, son los cuatro acusados que ocuparon cargos públicos. El primero es el entonces presidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, acusado de un delito de fraude y dos de prevaricación administrativa. Le solicita una pena de 3 años de prisión y 25 de inhabilitación para empleo o cargo público. Al que fuera director, José Luis Díaz Rato, le considera autor de un delito de fraude y cooperador necesario en otro de prevaricación, por lo que solicita para él 3 años de prisión, 18 de inhabilitación. A Fernando Palao, entonces secretario de Estado de Transportes, y a Mariano Navas, entonces presidente de Puertos del Estado, los considera responsables de un delito de fraude, por lo que solicita para ellos 3 años de prisión y 9 de inhabilitación.
En un escrito dirigido a la magistrada-jueza María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Puertos del Estado justifica su adhesión basándose en la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, que estima que el derecho de acceso del perjudicado a un proceso penal forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y no deberá efectuar nunca una aplicación excesivamente rigurosa.
Días atrás también se manifestó la defensa de José Prendes, vecino expropiado en el Alto Aboño. Saliendo al paso del escrito de defensa de Rexach, mantiene su reclamación, en concepto de responsabilidad civil, del pago de las costas procesales, 2,5 millones por los bienes que le fueron expropiados, y 950.000 euros por los daños morales.
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