El Pleno autorizará este viernes por vía de urgencia el pago de casi 29 millones de euros en expropiaciones, facturas atrasadas y sentencias
El Pleno aprobará este viernes el pago de 9,3 millones de euros al Estado español por la expropiación de los almacenes Elder y Fyffes, en las proximidades del Refugio. Se trata de un edificio construido en 1920 -después de que el anterior almacén se incendiara en 1901- y que está protegido por tratarse de «uno de los pocos ejemplos que quedan del frente de almacenes construido en consonancia con la modernización de la ciudad». Lleva 33 años en desuso.
El Ayuntamiento anunció este mes que había «conseguido la titularidad de la nave ubicada en el entorno de Santa Catalina» pero en la nota de prensa se omitió que la adquisición se hace por la vía de la expropiación y por orden judicial.
En el mismo comunicado se aclara que «el objetivo es convertir el inmueble en un laboratorio de ideas para fomentar el talento joven y potenciar el tejido en el ámbito de las artes escénicas, visuales y musicales». Hay que recordar que este objetivo ya se planteó durante el mandato de Jerónimo Saavedra, si bien el entonces alcalde trató de que el inmueble fuese cedido a la ciudad.
La adquisición del edificio se incluye en un expediente que da vía libre al pago de 17,05 millones de euros en doce expropiaciones que se han venido tramitando, en el caso de las más antiguas, desde el año 2011.
PARTIDAS PRINCIPALES
Expropiaciones. Son 17,05 millones de euros. Las mayores partidas son las del Fyffes (9,3 millones) y la de una parcela en la Carretera de Chile (5,67 millones).
Geursa. Se compensa con 5,32 millones de euros una expropiación que se inició en 2005 en La Cícer y que no se completó por una reclamación judicial de terceros.
Emalsa . Dos sentencias obligan a pagarle 4,42 millones de euros por la reparación de un emisario submarino y el traslado de lodos de la depuradora a Juan Grande y Lanzarote.
Protección. Otra sentencia impone el pago de 1,76 millones de euros para compensar las limitaciones de la catalogación de un inmueble.
La modificación de crédito que se aprueba hoy para pagar las expropiaciones se suma a otras iniciativas que tratan de abonar facturas y otras sentencias, como la que obliga a abonar algo más de medio millón de euros a Emalsa por la reparación de las averías que produjo en el emisario del Teatro una fuerte tormenta en enero de 2014; así como otros 3,87 millones de euros, también a la compañía de aguas, por el traslado de lodos de la depuradora a los complejos de Juan Grande y Zonzamas, entre enero de 2013 y noviembre de 2017, ante el cierre por remodelación del vertedero de Salto del Negro.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también aprovecha la ruptura del techo de gasto, que le permite liberar 28,5 millones de euros de remanentes, para pagar otras sentencias como la que le obligaba a compensar a los dueños de la Casa Sánchez Rivero -un edificio protegido en las proximidades de las Canteras que data del año 1900- con 1,76 millones de euros por la disminución del aprovechamiento edificable que impone la protección del inmueble.
Con todas las modificaciones de crédito y un reconocimiento de 61 facturas (la mayoría de combustible usado por el parque móvil municipal entre 2018 y abril de 2020), el Pleno autorizará hoy el pago de 28,77 millones.
Para la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, no tiene sentido que se utilice el remanente de tesorería para el pago de sentencias y no para frenar «las crecientes necesidades sociales, que se han multiplicado por cuatro en apenas seis meses» a consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
«El PSOE anunció a bombo y platillo que estos recursos extraordinarios servirían para hacer una España más ecologista, cohesionada, justa y más formada», afirmó Luzardo, «pero la realidad es que van a destinar este dinero a pagar sentencias de Emalsa o la expropiación del Edificio Fyffes».
«Nos preguntamos qué pensarán los 45.147 parados que hay en Las Palmas de Gran Canaria, los 40.000 trabajadores en ERTE o el 35% de vecinos de nuestros municipios en riesgo de exclusión cuando sepan que estos recursos extraordinarios no van destinados a mejorar la vida de la gente, a ofrecer más ayudas para el alquiler sino a engrosar la cuenta bancaria de Emalsa o del Gobierno de España», explicó la portavoz del PP.
Fuente: https://bit.ly/3lnMEMk
