Opinión del lector sobre:
Bajas incentivadas y responsabilidad dineraria.
Los sindicalistas han ido a llorar a los diputados.
Parece que vuelve a resurgir el espinoso tema de las bajas incentivadas para los fuera de convenio, concedidas en virtud del acta nocturna (y alevosa, se podrá añadir) del 23 de abril de 2019, de la Mesa Negociadora del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
Como se recordará, la reunión que dio lugar a la citada acta, finalización sobre las 23.30 horas y en la misma, se aprobó por los asistentes (Puertos del Estado y los sindicatos UGT, CCOO más el faldero CIÉ) entre otras cosas, que el artículo 30 (jubilaciones y bajas incentivadas) fuera de aplicación a los fuera de convenio el apartado de bajas incentivadas. Recordar también que pasaron de los sindicatos vascos ELLA y LA, con capacidad negociadora, a pesar de que el primero de ellos estuvo presente en la reunión de las 21.00. Respetar los derechos de los demás y ser demócrata no está en el ADN de los presentes en la segunda reunión. Según la oficiosa Radio Puerto es posible que alguno de los citados se anime a impugnar dicha acta. La pena es que no lo hagan los dos. El tiempo nos dirá¡ si la información pasa de oficiosa a oficial.
La noticia que aparece en esta revista relativa a que no aparece el informe de la CECIR que deberá aprobar las ya famosas bajas incentivadas para los fuera de convenio es porque, sencillamente, no existe. De lo contrario, tanto Puertos del Estado como UGT y CCOO (nos olvidamos de CIG) ya habrían sacado sendos comunicados para demostrarlo. Hasta ahora, y de momento, mutis por el foro.
Lo que sin han hecho UGT y CCOO es ir, en fechas recientes, al parlamento español a dialogar con diputados socialistas para rogarles y lloriquearles que, por favor, se aplique el infumable nuevo convenio colectivo con el argumento de que el anterior presidente de Puertos del Estado Salvador De la Encina tendrá el sí expreso de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y que, jolines, hay que aplicarlo porque las y los trabajadores del sistema portuario español han sido buenos y comprensivos (nunca se han rebelado contra el sistema a pesar de haber sufrido robos de todo tipo: económicos, sociales y laborales) y lo siguen siendo a pesar de la situación de pandemia actual. Les han expuesto, eso sí con mucha firmeza bocal y entereza de espíritu, que incluso las subidas que han tenido los empleados públicos en el 2020 (a añadir alguna mamandurria de 2019), el personal portuario ni las ha olido. Si, como dice esta revista, ahora si hay un informe de la CECIR que no permite las bajas incentivadas para los fuera de convenio, parece claro que alguien ha mentido porque De la Encina, parece que ni tuvo el consentimiento expreso ni impreso, que es el verdaderamente importante, de su exjefa en tiempos pretéritos, la Ministra de Hacienda.
Por lo tanto, la legalidad de la medida que permite que las bajas incentivadas, amparadas por el III CC, también se pueda aplicar a los fuera de convenio, es más que dudosa por varios motivos, a saber: menosprecio, cuando no, desprecio de la capacidad negociadora de ELA y LAB; contradecir el mismo convenio que recoge con claridad a qué trabajadores les es de aplicación(subrayar que expulsa a los fuera de convenio y que éstos tienen una regulación propia); falta de publicación en el BOE del acuerdo alcanzado en la acta nocturna y alevosa del 23 de abril de 2019 para que el mismo fuera efectivo (recordar la publicación del III CC y su posterior ampliación respecto a cuestiones no publicadas en primera instancia); y falta de informe, tanto de la IGAE como de la CECIR, que permita tal desaguisado. A ver quién se atreve a resolver favorablemente que las citadas bajas incentivadas no suponen ni aumento de masa salarial ni gastos de personal, ambas situaciones expresamente prohibidas por la Ley Presupuestaria de 2018, vigente en la actualidad.
Ahora hace falta saber si por fin el ministerio de Hacienda se ha pronunciado en la cuestión que nos preocupa y ocupa. Si lo ha hecho en sentido negativo, y visto que más de un presidente ya ha soltado una buena cantidad de millares de euros a favor de los fuera de convenio, comprobaremos si Hacienda entra a trapo con todo y en todo, exigiendo a los pagadores que soliciten a los agraciados devuelvan el dinero entregado, o que dicho dinero lo pongan los presidentes de su erario personal por la sencilla razón de que Santa Rita, lo que se da no se quita. Claro que más de un presidente, si esta fuera así, dirá que sea Puertos del Estado el que pague porque ellos, actuaron con su consentimiento expreso e impreso. Seguro que más de uno tendrá guardado como oro en paño el escrito de dicho organismo que les ha permitido saltarse, eso sí, siempre presuntamente, la legalidad. Es curioso comprobar como De la Encina vino a terminar una negociación (entre comillas) que duraba 10 años, recogiendo de paso los aplausos de los sindicatos firmantes del III CC, cuyos responsables aparecen en la foto de la noticia, eufóricos y ufanos todos ellos. Pensaron que la buena relación del anterior presidente de Puertos del Estado con su exjefa y ministra de Hacienda iba a resolver cuestiones menores (entre comillas) como la bajas incentivadas de los fuera de convenio y se olvidaron (lo siguen haciendo) de ejercer presión sindical para que se cumpliera (y se cumpla) dicho convenio. Pero no, prefieren seguir rogando y lloriqueando por el parlamento, eso sí con mucha responsabilidad, en vez de poner toda la carne en el asador y enfrentarse al sistema. Pero esto es pedir peras al olmo porque UGT y CCOO forman parte de ahí, por los menos sus secciones del sistema portuario.
Como colofón, recordar que las bajas incentivadas, de existir, no deberán ser para que algunas y algunos trabajadores reciban una paga extraordinaria por sus muchos años de servicio antes de poder jubilarse (que es lo que han pensado los creadores de la criatura). Está claro que se desvirtuado su cometido (si lo tuvo en algún momento) pasando a ser un dispendio de dinero público a favor de personas, que cerca de su edad de jubilación ordinaria, prefieren perder un porcentaje pequeño en su futura pensión (en el peor de los casos, porque es algo que no les sucede a los fuera de convenio ya que tienen topada su cotización) pero, eso sí una vez llenados los bolsillos. Subrayar dos cosas: la primera, que todos los que se han acogido a las citadas bajas tienen entre 62 y 63, es decir, cerca de los 65 que, casi con seguridad, es su edad de jubilación ordinaria; y la segunda, que más de uno de ellos es un sindicalista, que se ha transformado en sindicalisto, al mirar solo por su culo, renunciando con su postura a crear empleo y mantener su puesto de trabajo a través de la jubilación parcial con contrato de relevo, algo absolutamente legal y permitido por el lloriqueado III CC.
Minerva.
*ESTA EDITORIAL NO SE RESPONSABILIZA DE LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR SUS LECTORES.
Hacienda censura las jubilaciones anticipadas de los Puertos y Puertos del Estado.
No se encuentra el informe que las debía aprobar.
La clave de la legalidad de las bajas incentivadas, o jubilaciones anticipadas que se han venido otorgando por las autoridades portuarias al amparo del III Convenio Colectivo Puertos del Estado y Autoridades portuarias, está en el informe que debía haber emitido la CECIR. Ahora al parecer un informe al efecto de Hacienda deja claro que no aprobó nunca la última modificación del III Convenio que además las aprobaba para el personal de fuera de convenio. De ser así abriría las puertas a la necesidad de devolución del dinero o en su caso afrontar las responsabilidad patrimonial por parte de los que las aprobaron.
Se recordará que el tema central es si estas bajas incentivadas tenían la aprobación de la IGAE y la CECIR. Al parecer ambos organismos se desentendieron de dar una aprobación formal a las mismas.
Esta versión choca con la oficial de que el día después de las reuniones del día 23 de abril de 2019, cuando se incluyeron a los Fuera de Convenio, Salvador de la Encina logró la aprobación expresa de la Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva en Empresas Públicas, CSNCEP, órgano de la CECIR.
La realidad es que la emisión de dos informes, apenas transcurrida la noche del 23 al 24 de abril citada, por Hacienda, no se sabía si avalaban la inclusión de los Fuera de Convenio que se hizo pasada las 23.00 del día anterior.
Ahora parece que Hacienda se ha pronunciado diciendo que no ha habido tal aprobación.
La versión oficiosa de que Salvador de la Encina, el presidente de Puertos del Estado estuvo en contacto con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, bajo cuyas órdenes trabajo 7 meses en 2015, como director general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, teniendo de subdirector al entonces marido de la ministra, Rafael Ibáñez Rech, y que habría logrado el visto bueno para estas bajas incentivadas, parece no ajustarse a la realidad.
Estas bajas incentivadas debían contar con las autorizaciones correspondientes y la existencia de consignación presupuestaria suficiente para llevar a cabo las mismas.
Ahora habría que devolver el dinero indebidamente cobrado.
Fuente:
NOTICIA OPINADA 19/11/2020
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 19/11/2020
