Penas moderadas de cárcel y ausencia de la Abogacía del Estado.
La fecha de inicio del juicio del Musel se señalará pronto tras el auto de la jueza María Tardón el viernes 11 de septiembre en el que pide la apertura de juicio oral. El auto propone el procesamiento de 4 altos cargos, el presidente del Puerto en aquel entonces, Fernando Menéndez, su director José Luis Díaz Rato, el secretario general de Transportes, Fernando Palao, y el presidente de Puertos del Estado Mariano Navas. También procesa a 17 directivos de las empresas constructoras como cooperadores necesarios. La abogacía del Estado sorprendentemente no ha presentado propuesta de penas asumiendo que no hubo perjuicio para el Estado, y las penas pedidas por el fiscal no exceden los 3 años. La OCAN las eleva a 5 y 8 años.
El auto califica los hechos como constitutivos de:
a) .- un delito de fraude del artículo art. 436 del Código Penal en su redacción vigente en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio;
b) .- dos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, en su redacción vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo.
Elimina los de malversación de fondos.
El fiscal pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación para Fernando Palao, y Mariano Navas. Pide para Fernando Menéndez tres años de cárcel y 25 de inhabilitación, y para José Luis Díaz Rato, tres años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo público.
Se libran del banquillo el abogado del Estado José Luis Alcoba, y el secretario del Consejo Barettino.
Procesa a 17 altos cargos de empresas constructoras que conformaban la UTE, ACS, FCC, Alvargonzález, etc. Como cooperadores necesarios en los delitos. Ana Isabel Dizy, Juan Miguel Pérez, David López Navarrete, Manuel Amaro Martínez, Eloy Domínguez-Adame, Javier Hidalgo, Vicente Moscardó, Juan Ernesto Pérez, José María López Piñol, Octavio del Real, Francisco José García, Maximino Gorostiza, Francisco Javier Lázaro Estarta, Rafael Martín de Nicolás, Joaquín Jiménez, Luis Jesús Sánchez del Río y Jesús Fernando Pérez. El fiscal pide 2 años de cárcel para todos ellos y 9 de inhabilitación.
INDEMNIZACIONES PEDIDAS.
Dado que el auto dado por hecho que se produjeron sobrecostes de 300 M€ de 500 a 800 M€, las indemnizaciones pedidas se elevan a 258 M€, aunque el Estado es el responsable civil subsidiario y directamente solo son de 8,3 para el expresidente por la expropiación de los terrenos del Alto Aboño y 80 M€ a Tudela Veguin por beneficiarse de la obra.
En juego está la devolución a la UE de 258 M€ si se comprueba que hubo fraude.
ACUSACIONES PARTICULARES.
El colectivo OCAN, pide penas algo más elevadas de 8 años de cárcel para los 21 acusados.
DEFENSAS PREVISIBLES
Menéndez Rexach y Díaz Rato en el juicio paralello ante el Tribunal de Cuentas, expusieron que durante toda la obra fueron recibiendo instrucciones e informes jurídicos desde el Ministerio de Fomento, la Abogacía del Estado, la Intervención General y Puertos del Estado, avalando cada paso dado.
El ex director acusó a los responsables de Puertos del Estado de fomentarlo y aseguró que, de cara a la Unión Europea, tanto el ente portuario como la Abogacía defendieron la rectitud de las obras. Además, aseguró que desde el primer momento el adjudicatario les planteó un modificado y se opusieron totalmente.
El ex director continuó confesando que el cambio de precios suponía un trámite importante que tenía que aprobar Puertos del Estado y Fomento, que era una decisión que prácticamente no les corre
Fuente:
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS
