El juicio para determinar si hubo un “menoscabo patrimonial” por supuestas irregularidades en un contrato se celebrará durante la primera semana de junio entre Madrid y A Coruña
El juicio contable por presuntas irregularidades en un contrato de la construcción de punta Langosteira tendrá lugar entre Madrid y A Coruña la primera semana de junio. A petición de las partes, declararán como testigos trece hombres, entre ellos, el expresidente de la Autoridad Portuaria, Macario Fernández-Alonso, antecesor de uno de los demandados, Enrique Losada, quien señala al primero como responsable máximo de la entidad cuando se firmaron los contratos que cuestiona la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El resto son altos cargos y ex altos cargos del Puerto, además de altos funcionarios del organismo y Puertos del Estado, un representante sindical y un perito, algunos antiguos miembros del consejo de administración.
Los testigos propuestos por las partes fueron aceptados por el tribunal en la vista previa dentro del proceso para determinar si hay responsabilidad contable en la gestión de un contrato en el puerto exterior por parte del expresidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y un alto cargo de la entidad, el director de Infraestructuras. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas decidió adherirse a la demanda de un particular y considera que deben ser condenados a retornar 544.000 euros más intereses por los pagos que, a juicio de la investigación realizada por el órgano fiscalizador, se podrían haber abonado de manera irregular a una contrata. En total, son unos 690.000 euros por los posibles “perjuicios ocasionados a los caudales públicos”. Para que sean condenados, tiene que demostrarse que hubo “dolo, culpa o negligencia grave” en la actuación.
Entre los testigos, además de Macario Fernández-Alonso, presidente nombrado durante el bipartito autonómico (2005-2009), está el ex director del Puerto durante su administración y la de Antonio Couceiro, Enrique Maciñeira, y su sucesor ya durante el gobierno de Losada, Juan Pérez Ruiz, además del actual director financiero. En la lista también hay ingenieros de las contratas implicadas, un representante de UGT cuando se firmó el contrato y altos funcionarios de Puertos del Estado.
Cuentas juzgará si hubo un “menoscabo patrimonial” y si el presidente Losada y el director de Infraestructuras del mismo organismo son responsables de pagos que no se debieron hacer a una empresa por dirigir los trabajos del puerto exterior entre 2008 y 2011 cuando quien firmaba las certificaciones de obra era el propio alto funcionario. El contrato fue firmado en el año 2007 por el anterior presidente del Puerto, Macario Fernández-Alonso, aunque Cuentas dedica su acción contra Losada por mantener los pagos a la empresa desde que se hizo cargo de la presidencia en 2009 y hasta diciembre de 2011, al entender que las acciones anteriores estarían prescritas.
Las supuestas irregularidades fueron descubiertas durante la fiscalización de las obras de punta Langosteira realizadas entre 2012 y 2014, cuando Cuentas comprobó que los trabajos fueron dirigidos por la propia Autoridad Portuaria a través del director de Infraestructuras entre 2005 y 2007. En ese último año, el Puerto aumentó un contrato por 1,1 millones de euros a la UTE Langosteira Supervisión para que dirigiese los trabajos. El tribunal considera que en realidad no se produjo una modificación del contrato, sino que se elaboró “uno nuevo y distinto”.
Para justificar la necesidad de cambiar el contrato, el Puerto argumentó que en 2007 comenzaría la construcción del dique principal de Langosteira y que era preciso “contar con un director de obra dependiente de la Subdirección General de Infraestructura, con dedicación exclusiva a la obra”. A esto añadía que en la Autoridad Portuaria no existía “ningún puesto para este cometido”.
Desde abril de 2007, fecha en la que se formalizó el contrato, hasta diciembre de ese mismo año en las certificaciones de obra del proyecto de Langosteira apareció como director el ingeniero Enrique García Ferro, perteneciente a Langosteira Supervisión y que también acudirá como testigo. Pero en enero de 2008 volvió a figurar como responsable de la obra el director de Infraestructuras, codemandado, aunque los pagos a la empresa que tenía contratado a García Ferro, continuaron hasta el final de los trabajos, ya durante el mandato de Enrique Losada.
La razón de que volviera a asumir esa función se debió a que “aparecieron críticas en la prensa local sobre la contratación externa del director de obra”, recoge el informe de fiscalización en referencia a las informaciones publicadas por LA OPINIÓN desde el 7 de enero de 2007 y que suscitaron una intensa polémica.
El expresidente Enrique Losada, que fue relevado el pasado diciembre, ha negado públicamente su responsabilidad en las posibles irregularidades. Destacó que el contrato para la dirección de las obras de punta Langosteira se firmó más de dos años antes de que él accediese al cargo y que solo conoció que podía ser irregular cuando el Tribunal de Cuentas se lo comunicó. “Me parece terriblemente injusto que a alguien que pasaba por allí se le atribuya esto”, sentenció.
