Ricardo Melchior, una de las figuras más conocidas de la primera línea política del Archipiélago en los últimos años, tendrá que acudir el próximo 9 de diciembre al Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife para prestar declaración en calidad de investigado por cinco presuntos delitos de corrupción. Los hechos están relacionados con la gestión que el político de Coalición Canaria desarrolló como presidente de la Autoridad Portuaria, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Mírame Televisión.
La resolución judicial fue dictada el pasado 15 de octubre por la magistrada Luz Alicia Casañas Cabrera, que imputa al también expresidente del Cabildo de Tenerife presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil. En el punto de mira se encuentran contrataciones de servicios y personal, adjudicaciones a medios de comunicación o el presunto trato de favor a determinadas empresas que operan en los puertos de la provincia tinerfeña.
La investigación fue impulsada por la actual jefa de la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, y se vio reforzada por las denuncias de un exdirector general de la Autoridad Portuaria y de una entidad perjudicada por las decisiones de Ricardo Melchior. La causa se dividió inicialmente en tres diligencias previas distintas, pero ha sido concentrada en un mismo procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción Número 5 y en el que también se investiga a la responsable de la División de Personas y Organización de Puertos, María Esther Salazar.
Entre la documentación que obra en poder de la jueza, la mayoría aportada por el exdirector de la Autoridad Portuaria José Rafael Díaz, que fue destituido en abril de 2018 tras enfrentarse a Ricardo Melchior, figuran diferentes contrataciones irregulares llevadas a cabo por Puertos de Tenerife y de las que ya advirtió la Intervención del Estado en una auditoría. También aparecen pagos por servicios que, presuntamente, no se llegaron a prestar o no concuerdan con las cantidades abonadas.
Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó irregularidades en diversos expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017. La auditoría, entre otras deficiencias, halló adjudicaciones menores que incumplieron la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes y ausencia de trámites obligatorios.
Otra de las cuestiones que ha levantado sospechas y que provocó en su día una investigación de oficio de la Fiscalía está vinculada con la contratación ilegal de dos asesoras de Ricardo Melchior, uno de los hechos que también ha arrastrado a la causa judicial como investigada a la que fuera mano derecha del expresidente de Puertos de Tenerife en política de recursos humanos.
El delito de mayor gravedad de los cinco que se imputan al expresidente de la Autoridad Portuaria es el presunto cohecho, que castiga a la autoridad o funcionario que acepte u ofrezca regalos, retribuciones o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Ricardo Melchior estuvo al frente de Puertos de Tenerife entre los meses de octubre de 2015 y julio de 2018.
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