El Grupo Anticorrupción de la Guardia Civil continuaba este sábado volcado en la trama de la Autoritat Portuària, después de que toda la cúpula detenida quedara en libertad con cargos. Los agentes investigan, entre otros puntos, si Joan Gual, presidente de la Autoritat Portuària, compensó sus deudas personales con la concesión de al menos 91 amarres a un acreedor.
Tras la suspensión de gastos de la empresa de cátering Menú, Gual contrajo importantes deudas, en 2013. Dos años después fue nombrado presidente de la Autoritat Portuària por la presidenta del Govern, Francina Armengol. Uno de los acreedores de responsable portuario era el presidente de una entidad financiera, que en 2019 consiguió la explotación de la dársena de Levante del puerto de Formentera, con 91 amarres. También se investiga si ese mismo empresario consiguió concesiones en Menorca.
En 2019, la citada entidad financiera ejecutó una deuda de casi un millón de euros contra una sociedad mercantil de la empresa Menú y sacó a subasta un piso por valor de 429.056 euros en la calle Aragón, cuya mitad era propiedad de Joan Gual.
Durante toda la mañana de este sábado, por segundo día consecutivo, la Policía Judicial de la Guardia Civil continuó con el registro en la sede palmesana de la Autoritat Portuària. Los agentes han volcado el contenido informático de numerosos ordenadores y se llevaron miles de documentos y expedientes, que van a ser analizados. Joan Gual y el resto de acusados estuvieron presentes en el registro, aunque todos ellos ya están en libertad con cargos. La decisión judicial se tomó poco antes de la una de la madrugada del viernes al sábado. Horas antes, por la tarde, ya había quedado libre Miguel Puigserver, el vicepresidente de la Autoritat Portuària.
Las diligencias se mantienen en el más absoluto secreto, por orden de la jueza Martina Mora. La fiscal del que lleva el caso es Laura Pellón, que hace más de un año que está investigando la trama. Según parece, también se está rastreando una serie de obras en unos jardines de la APB, donde el jefe de obra podría haber realizado también trabajos privados. También si un ingeniero empleó material de la Autoritat Portuària para llevar a cabo obras privadas. Los investigadores también tratan de determinar si una serie de ampliaciones de concesiones fueron correctas.
Uno de los acusados podría estar colaborando con la Guardia Civil e indicando dónde se encuentra el material más sensible. El análisis de toda la documentación intervenida hasta la fecha supondrá semanas de trabajo para el Grupo Anticorrupción.
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