La silla eléctrica presidencial, de los Puertos españoles.
Si algo pueden tener en común el presidente del Puerto de Pasaia, Felix Garciandía, y Joan Gual, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, a pesar de que sus casos no se parecen en nada, es que han comprobado lo que es estar sentados en la silla eléctrica de una presidencia de puertos, uno dixit.
Lo mismo que los directores, como aquel hoy huido a lares cántabros, que lo quisieron entruyar por contaminar el río más contaminado de España que ya los romanos llamaron tinto, cuando lo vieron. La lista es larga, el cariñoso de Torrado, el de Melilla, la saga baleárica, de los Triay, Verger, Matias, y los Melchior, Díaz, Barettino, Menedez-Rexach, Díaz Rato, Arnaiz, o Sánchez Simón. Ahora Ibarra, todos en los tribunales. O el pacífico Pesquera empitonado desde Puertos del Estado. La lista es asombrosa. Un denominador común: una Ley de Puertos que trabajaba en su contra. Algunos han estado a punto de pagar el pato con sus patrimonios, y de ahora en adelante alguno será el primero.
Este medio que no se anda con pamplinas lo lleva diciendo años.
Los presidentes y directores deben contar con un status protocolizado, por Ley, que les haga responsables ante sus Comunidades Autónomas unos y frente al Estado a los otros, y los libre de injerencias. Además de un sistema de cuadros y directivos con remuneraciones por incentivos y movilidad de cargos, como en las empresas privadas. Al menos que puedan cambiar a dos o tres directores, como en Puertos del Estado.
Ideas de verdad estratégicas estas, como que los presidentes candidatos comparezcan ante sus parlamentos autonómicos antes de ser elegidos, y luego una vez al año en un informe del estado de sus puertos.
La segunda idea es una reforma de los trámites concesionales que los blinden de las insoportables presiones locales, de los mismos que los nombran. Injerencias, zancadillas, cuando no pagar el pato de cazas de mayor altura de sus señoritos autonómicos. Limitar sus responsabilidades.
Es urgente aclarar y plasmar en una nueva Ley de Puertos, como ha pedido el presidente de uno de los mayores puertos de España, lo demás es literatura estratégica.
Una nueva Ley de Puertos que recoja un nuevo trámite de competencia de proyectos, que no sea el actual.
El testimonio de uno de los condenados por corrupción portuaria es pavoroso y didáctico, no le echa la culpa a los que le envolvieron en un vía crucis que le trastornó, si no al sistema de este, mal llamado, irónicamente trámite de “en competencia”.
“Cómo va haber competencia cuando el peticionario lleva meses tratando con la autoridad portuaria, meses de adelanto y complicidad con los funcionarios, visitas, para después darle un mes a los demás para plantearse una competencia”. Se lamentaba.
“Innecesario ahora, cuando antes podía estar justificado en la falta de proyectos para los puertos de aquellas Juntas de Obras”, remata.
Un sistema que proteja eso si, como no, la propiedad intelectual del solicitante, de su innovación, de su proyecto, pero que atienda que el dominio público portuario es eso público, y debe someterse como mínimo a dictados de publicidad y transparencia.
Una nueva redacción del procedimiento de concursos, en varios escalones.
Aligerando procedimientos pero dotándolos de transparencia, y estabilidad.
Si no se hace volverá el grano al molino, para ser triturado.
Se verán las carreras como el envío de un ex-presidente, como investigador máximus. Para examinar sumariamente, a un zarandeado Gual, antes del Consejo de Administración de la AP de Baleares, para decidir in situ y en conexión con Madrid, si pedir su cabeza o no. Comida examen de por medio, y más fotografiado que el Emérito.
Darán lo mismo las protestas de inocencia, cuando dependerá de la apreciación de los jueces en un juicio oral, sobre un procedimiento tan viciado, que es fácil confundir el olor a fermentado del añejo trámite administrativo, con la posible corrupción.
Bastará un testimonio de peso para inclinar la balanza del proceso. Como en el caso de Baleares, el explosivo testimonio de un abogado del Estado.
Aquí todo el mundo se lava las manos.
Lo dicho un día los presidentes se reunirán por su cuenta y bajo la bandera de Bendodo, se sublevarán, y dará lo mismo que sean tirios o romanos, rojos o azules, a todos les conviene desactivar el interruptor de la silla eléctrica. Solo hace falta una invitación a degustar gamba de Cádiz. Por que el siguiente puede ser uno de ellos.
Y ahora con la responsabilidad patrimonial del funcionario o cargo público, esto ya son palabras mayores. Si sus cónyuges se enteran los hacen dimitir ipso facto.
Fuente:
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 31/07/2020
Editorial.
