Naviera Armas busca acordar con sus bonistas un nueva estructura de capital que garantice la viabilidad de la empresa. Para ello, los dueños de sus 582 millones en bonos piden un cambio de timón. Reclaman un consejo más profesionalizado y el nombramiento de un CRO (chief restructuring officer) que pilote el plan para poner orden en la compañía.
La empresa y sus acreedores rubricaron un pacto la semana pasada. Pusieron la primera piedra para enderezar las complicadas aguas por las que navega el dueño de Trasmediterránea debido a la crisis derivada del Covid-19. Alcanzaron un acuerdo de no agresión (standstill, en la jerga) y se emplazaron a pactar la refinanciación de la deuda de la firma antes de fin de año.
Para ello, los bonistas piden un giro de timón en la gestión de la compañía. Y que se reforme su equipo. No pretenden desplazar a la familia Armas, que fundó la empresa en los años 40. Actualmente mantiene la batuta de la empresa a través de su actual presidente, Antonio Armas Fernández, hijo del fundador de la naviera líder en las Islas Canarias.
Los titulares de los bonos piden que se profesionalice la gestión. Planean aprovechar el conocimiento de la familia para la nueva era de la compañía. Pero también defienden la necesidad de incluir consejeros independientes en la dirección. E incluso contemplan la posibilidad de imponer un CRO. Se trata de un ejecutivo ajeno a la empresa que los acreedores empotran en la dirección con la función de velar por que se cumpla punto por punto el plan de reestructuración.
A cambio, los bonistas están dispuestos a comprometerse con la viabilidad de la empresa. Sopesan apoyar con una inyección de capital, a cambio de un interés mayor. E incluso se plantea una posible entrada en el capital con una conversión de deuda en acciones, si bien los actuales accionistas mantendrían el control.
El Covid y la deuda
Las leoninas medidas para contener el coronavirus, que han provocado el confinamiento de medio mundo, han puesto en jaque a los sectores más ligados al transporte y al turismo. Y una de esas empresas en la picota es Naviera Armas, el dueño de la empresa de cruceros Trasmediterránea y el operador de los trayectos entre las Islas Canarias.
En el caso de esta compañía la pandemia no ha hecho sino arrastrar unos problemas financieros que ya arrastraba, derivados del alto endeudamiento en el que incurrió para adquirir Trasmediterránea sin que aún hayan aflorado sus sinergias. Según las cuentas de 2018, las últimas depositadas en el Registro Mercantil, la compañía tenía una deuda de 720 millones y perdió 5,6 millones de euros.
De esos 720 millones de deuda, 582 millones corresponden a dos emisiones de bonos. La primera es de 300 millones, expira en 2024 y cotizaba ayer al 45% del nominal. La otra tiene un importe de 282 millones y vence un año antes. Ambas colocaciones llegaron a cotizar al 35% del nominal durante el mes de abril.
Desde que se desató la crisis del Covid-19 Naviera Armas se ha visto obligado a incrementar su endeudamiento, que alcanza ya los 1.000 millones. Ha obtenido un préstamo bancario de 40 millones avalado por el ICO y 75 millones más de dos fondos de deuda, Apollo y HPS.
Estas inyecciones de liquidez no han sido suficientes para evitar una crisis. En noviembre su-pendió el pago del cupón de sus bonos. El interés oscilaba entre el 4,25% y el 6,5%, lo que disparaba sus gastos financieros a niveles insostenibles. En 2018, abonaba por este concepto 42 millones, una cuantía que devoraba su resultado de explotación, ese año de 3,8 millones. La naviera abrió hace dos meses las negociaciones con sus bonistas para reestructurar su estructura de pasivo y capital. Para ello contrataron al banco de inversión especializado en este tipo de situaciones Houlihan Lockey, mientras que PJT Partners trabaja para los bonistas.
LA SEPI ESTUDIA UN RESCATE POR 120 MILLONES
Liquidez y capital. El principal grupo naviero en España que conecta Baleares con la península y a las Islas Canarias entre sí ha pedido ayuda al fondo de rescate de la SEPI por un importe de hasta 120 millones de euros. Las fuentes consultadas señalan que si el dinero no llega con suficiente rapidez, los bonistas plantean la posibilidad de conceder a la empresa un crédito puente para que pueda hacer frente a sus necesidades más acuciantes con el objetivo de que pueda seguir operando. El gran problema, sin embargo, se remonta a 2018, cuando la compañía controlada por la familia Armas Fernández pagó a Acciona más de 260 millones de euros por el 92,7% de la icónica empresa de transporte marítimo Trasmediterránea. Para ello realizó su última emisión de bonos. Estos han supuesto un corsé al que le han saltado las costuras con la llegada de la pandemia.
Fuente: https://bit.ly/3hlvii9
