Puertos del Estado ha entrado en una situación de preocupación y espera de las posibles reacciones de las administraciones.
Parece que después de los varios artículos que han aparecido en esta revista sobre el tema de las bajas incentivadas para los llamados fuera de convenio, en Puertos del Estado han entrado, sino en pánico (eso sería demasiado), sí en una situación de preocupación y espera de cómo pueden reaccionar las diferentes administraciones que tienen control sobre los presupuestos o dineros para pagarlas. Recordar que es masa salarial a pesar de que Puertos del Estado se las ha ingeniado para que parezca otra cosa.
Según Radio Puerto (medio de comunicación no oficial del entorno portuario), en más de una autoridad portuaria se tenía dudas de la legalidad de los pagos pero como una vez consultado con Puertos del Estado recibían el OK de la misma, pues han pagado sin problemas (se basan en el principio confianza en el superior o algo parecido). Es decir, alguno de los presidentes, antes del pago, no estaba muy convencido pero a pesar de ello ha pagado en base al citado principio (por lo visto, espera que si de dicho pago pueda derivarse algún tipo de responsabilidad, la que sea, será Puertos del Estado el que se coma el marrón).
Ahora, parece que se han sembrado dudas sobre la presunta legalidad de esos pagos y Puertos del Estado, según esa misma fuente oficiosa, ha echado el freno a todas las bajas incentivadas pendientes, tanto en su oficina como en las autoridades portuarias. Parece (insisto en que solo parece) que ahora se aviene a aclarar si el pago de las citadas bajas tienen todo los avales y permisos administrativos necesarios como para ser pagadas sin problemas. Recordar que están pensadas para gente que está cerca de la edad de jubilación y que tienen unas bases de cotización altas por lo que si adelantan su jubilación, no se verán mermadas sus pensiones. Y si lo fueran (que no sería mucho), el pellizco de dinero público que se llevan compensa con creces la pérdida citada. Vamos, que tienen la oportunidad de jubilarse
sin pérdidas y además con los bolsillos llenos, como ya se ha comentado en otros artículos de opinión.
Hay algún firmante de los sindicalistos que para justificar la medida, esgrime que los sindicatos han dado luz verde a semejante dispendio y chollo, vía artículo 30 del III Convenio Colectivo, porque Puertos del Estado quiere hacer una buena criba entre los dinosaurios (también entre comillas) que pululan por sus oficinas. De esa manera se consigue un nuevo Puertos del Estado renovado con gente joven y bien preparada. Porque, eso sé, las plazas libres siguen siendo las mismas. No hay amortización de dichas plazas o puestos de trabajo. Eso solo sucede en las ocupadas por los dentro de convenio. Las de los fuera de convenio hay que mantenerlas a pesar de la modernización de las administraciones públicas. A ellos y ellas no les afecta el Plan 4.0 o cualquier otro plan de actualización de la administración pública.
Los jefes siempre serán necesarios a pesar de que cada vez haya menos indios en las autoridades portuarias y Puertos del Estado. Hay que reconocer la delicadeza y sensibilidad con la que tratan los sindicatos firmantes a los fuera de convenio. Ojalá, cuando firmaron el infumable nuevo convenio hubieran tenido esa misma delicadeza para con todas y todos los trabajadores portuarios luchando por mantener un poder adquisitivo que, con el citado convenio, nos ha llevado a la que tendríamos en el año 2011 (y eso, siendo muy optimistas). Y por encima sacan pecho diciendo que con su firma se ha logrado superar el robo legal del 5% de nuestros sueldos, más el resto de derechos sociales, laborales y económicos que supuso su firma.
Los firmantes han priorizado las necesidades del Puertos del Estado y autoridades portuarias respecto a sus fuera de convenio respecto a los de dentro (bueno, eso y que se llevan un buen pellizco a través de las comisiones varias que han creado al albur del convenio), en vez de luchar incluso por las migajas de subida que todavía deben a las ahora llamadas personas trabajadoras sometidas a su nuevo convenio, personas que han pasado a segundo lugar (eso sé, menos algún que otro sindicalisto que también se ha llevado una pasta gansa en vez de jubilarse como Dios manda). Claro que esa lucha es más difícil. Hay que tener todos los permisos administrativos para que se puedan llevar a cabo y por eso piden paciencia. Pero para los fuera de convenio, campo libre: no es tan necesario que la CECIR, Hacienda, Función Pública y etc, se pronuncien. ¿Para qué? Total, el dinero lo pone cada autoridad portuaria de su bolsillo sin que se vea afectada la masa salarial por mor de la ingeniería económica y presupuestaria practicada por Puertos del Estado. Por cierto, que según también se comenta en los mentideros políticos, algunas de las administraciones públicas citadas se están moviendo en este asunto. Parece que en estos momentos de crisis económica que la propia Administración reparta dinero entre algunos afortunados sin que esté claro si la medida es del todo lo legal, no se ve con buenos ojos. Veremos hasta dónde llegan si es que de verdad se ponen en movimiento. Ver para creer, como Santo Tomás.
*ESTA EDITORIAL NO SE RESPONSABILIZA DE LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR SUS LECTORES.
Fuente:
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 24/09/2020
NOTICIA OPINADA
23/09/2020
