Cestas.
Bolsillos cheos de cartos o diruaz beteta.
Algunos listos dicen que dicha modificación no tiene por qué ser aprobada.
A finales del mes de agosto, OK Diario sacó una noticia por lo visto, muy escandalosa: un expreso de ETA trabajando en la Policía Portuaria de Pasaia (APP) desde el año 2017. Dicha noticia también fue recogida por El Mundo en términos parecidos. En ambas no se decía toda la verdad pero, para qué; lo importante ya estaba dicho. En ambas noticias se podía ver una foto del exetarra en compañía de su pareja y de dos hijos de corta edad. A los cuatro se les verá bien la cara. Por lo visto, a esos niños no se les puede aplicar las mismas normas que a los demás. El hecho de ser hijos de la citada persona es suficiente motivo para que sus derechos se vean minimizados. Grandes artículos ambos.
Posteriormente, la diputada de Vox en el parlamento, Macarena Olona, pregunta al Gobierno Español que cómo es posible que un exetarra trabaje en una empresa o administración pública. Resulta curioso que dicha diputada no dijera nada cuando, siendo consejera por el Estado en el Consejo de administración de la APP, en calidad de abogada del Estado, ya había otro expreso de ETA en las filas de la Policía Portuaria. Y no solo en dicho cuerpo, sino también en más de un ayuntamiento vasco dentro de la Policía Municipal. Curioso ver cómo funciona la política, o por lo menos, algunas políticas.
El mismo OK Diario, a finales del año pasado sacó otra noticia en que se desvelaba un escándalo: Puertos del Estado (PE) se iba a gastar la friolera (comillas) cantidad de 22.000 euros en cestas de navidad para su personal.
Pues bien, ahora sí hay una auténtica dilapidación de dinero público en las bajas incentivadas establecidas en el III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado (III CC), en su artículo 30.
Si ya de por sí lo redactado en el mismo se puede considerar un dispendio de dinero público a favor de los empleados de dentro de convenio, el que dicha medida alcance al personal de fuera de convenio, ya es de escarnio.
Recordar que dicho convenio solo afecta a los llamados dentro de convenio pero por arte del mejor mago, se aplica a los citados fuera de convenio. Y ¿Y dónde está el truco de magía? .
Ni más ni menos, en lo acordado en la reunión que se ha celebrado entre representantes de PE y autoridades portuarias, por un lado y los sindicatos UGT y CCOO, por otro (reunión de mesa negociadora) de fecha 23/04/2019, y celebrada a partir de las 23.00 horas. En dicha reunión no asisten los sindicatos vascos ELA y LAB, que tienen capacidad negociadora, por el simple motivo de que no fueron convocados a esa reunión (ni tan siquiera invitaron a ELA a que se quedara una vez finalizada la reunión de las 21.00).
Subrayar que ambos sindicatos si lo fueron para la reunión de mesa negociadora que se celebró ese mismo día 23, pero a las 21.00 horas. En ésta, LAB disculpó su asistencia mientras que los representantes de ELA si asistieron. Esta asistencia desconocí tanto al banco empresarial como al sindical, lo que motivó que algunos puntos que se iban a tratar en dicha reunión se quedaran descolgados para ser tratados y aprobados en la reunión de las 23.00 horas, reunión a la que, como ya he comentado, no fueron ni convocados ni invitados ELA y LAB.
Es decir, a ambos sindicatos se les negó su capacidad de negociación y modificación del III CC, negación que supone que el acta firmada después con los puntos acordados, se convierta en ilegal.
Si hubiera sido un acta de la Comisión Paritaria, será otra cosa, pero como lo era de Negociadora, la falta de convocatoria de los sindicatos vascos vicia de nulidad lo acordado en dicha reunión. Recordar que en ésta, entre otros puntos, sobresale la aplicación del artículo 30 (jubilaciones y bajas incentivadas) a los llamados fuera de convenio.
Ambas bancadas sabían de su ilegalidad pero les daba igual: si no protestan ninguno de los sindicatos vascos, si no hay ninguna impugnación por parte de ellos, la modificación del artículo 30 sigue adelante y se cumple. Esta seguridad de impugnidad ha conllevado que en algunas AAPP ya se hayan dado de baja más de un fuera de convenio con los bolsillos cheos de cartos o diruaz beteta (llenos de dinero) que dían un gallego y un vasco.
Esto ha sucedido ya en varios puertos de la cornisa cantábrica. En algunos casos, además, los afortunados estaban cerca de la edad de jubilación; pero claro, quién espera a jubilarse si sabe que se va a llevar una pasta gansa antes. Además, del vicio de nulidad del acta, está que PE puede demostrar que dichas bajas incentivadas tienen todos los permisos administrativos necesarios como para que se puedan llevar a cabo (principalmente Función Pública y Hacienda -CECIR-) entre otros. Recordar que el dinero que se emplea en el pago es masa salarial y que no puede contradecir lo establecido en la Ley de Presupuestos de 2018 y otras normas legales. Pero claro, PE está manejando ingeniería económica para saltarse las controles administrativos que cortapisan el pago de las bajas incentivadas.
A lo anterior se puede añadir que lo acordado en la reunión de las 23.00 horas, no ha sido publicado en el BOE, como ya ha sido el III CC, porque el nuevo enunciado del artículo 30 no está aprobado por la Comisión Nacional de Convenios Colectivos, como sí lo está el convenio citado. Algunos listos dicen que dicha modificación no tiene por qué ser aprobada por dicha entidad ni ser publicada en el BOE. Siguiendo su razonamiento, dentro de un convenio legal (que cumple con todos los requisitos administrativos), se puede introducir nueva normativa que contravenga normas legales por la sencilla razón de que dicha modificación no tiene que pasar por los filtros que ha tenido que pasar el convenio colectivo.
Hace poco los Fareros, en esta misma publicación, realizaban 20 preguntas respecto a las bajas incentivadas, poniendo en duda su presunta legalidad. Espero que lo que expongo en estas líneas pueda servir para contestar alguna de las preguntas mencionadas.
Visto el presunto fraude que puede suponer la aplicación de las bajas incentivadas a, en principio, los fuera de convenio, desde estas líneas animo a los medios de comunicación arriba citados, a la Fiscalía y Abogacía del Estado, a Función Pública, al Ministerio de Hacienda, a CECIR, y a cualquier otra Administración que pudiera tener algún ascendente sobre PE, a que le metan mano (comillas) a este asunto. También animo, como no, a los sindicatos ELA y LAB que denuncien e impugnen el acta de la Mesa Negociadora del 23/4/2019, celebrada a las 23.00 horas, por atentar PE, CCOO y UGT contra su capacidad de negociación avalada por la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Más de un trabajador de las AAPP se lo agradecerían.
Atentamente, Minerva.
Fuente:
NOTICIA OPINADA
23/09/2020
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 24/09/2020
