Antonio Montiel firma el informe que sustenta la judicalización de la obra.
VALENCIA. Algo más de un año después de lo previsto, el Puerto de Valenciaafronta la recta final del complicado proceso para culminar su ampliación norte. Su presidente, Aurelio Martínez, espera tener este mismo mes de marzo el visto bueno definitivo de Puertos del Estado al anteproyecto constructivo de la nueva terminal de contenedores una vez eliminados los aspectos más polémicos de la obra.
Martínez siempre ha defendido que la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 es válida y está vigente y confía en que la renuncia a la prolongación del dique de abrigo y a las obras de dragado del canal de entrada sean suficientes para que Puertos del Estado avale el ortorgamiento definitivo de la concesión al grupo MSC, el único que ha presentado una oferta para construir y explotar la nueva terminal de contenedores con un compromiso de inversión que supera los mil millones de euros.
En este contexto, y tras haber intentado en el pasado frenar la ampliación con informes técnicos para alertar de las consecuencias medioambientales y sobre la regresión de las playas por la ampliación norte, el colectivo que canaliza la oposición al proyecto, la Comissió Ciutat-Port, ha vuelto a la carga con argumentos jurídicos y la amenaza de recurrir en los tribunales si la APV sigue adelante.
Estos argumentos están recogidos en el informe encargado por la Comissió Ciutat-Port y firmado por el abogado y cabeza visible de esta plataforma, Antonio Montiel, en el que se argumenta que la ejecución de la ampliación norte sin tramitar una nueva DIA adicional a la que se emitió en 2007 sería ilegal.
En base a este informe, que la Comissió ya ha hecho llegar tanto a la APV como a Puertos del Estado, la entidad avanza que denunciará ante los tribunales si deciden seguir adelante con el proyecto sin realizar un nuevo examen medioambiental.
Una DIA caducada
El informe defiende que la DIA de 2007 perdió su vigencia en diciembre de 2019, al haber agotado los plazos máximos de ejecución y no puede amparar “de ninguna de las maneras” las nuevas obras que la APV afirma querer ejecutar próximamente. De esta forma, según esta teoría, la ejecución de cualquier proyecto exigirá una DIA “completamente nueva”.
Según la Comissió, la primera fase de las obras contempladas en la DIA ya caducada se ejecutó antes de su pérdida de vigencia. Se trata de la construcción de los diques de abrigo, finalizada en 2021 tras invertir más de 200 millones de euros cofinanciados con fondos europeos. La crisis económica impidió entonces ejecutar a continuación la segunda fase del plan, el relleno de los muelles y la construcción de la terminal, que quedó aplazada hasta que la APV pudo retomar el proyecto en 2018.
El tiempo transcurrido entre la ejecución de las diferentes fases obligó de hecho al Puerto a replantearse el diseño original de la terminal ante el riesgo de quedarse desfasada y sin capacidad para atender a los grandes buques portacontenedores antes de su entrada en servicio.
Sin embargo, la Comissió Ciutat-Port defiende que la segunda y definitiva fase debería haber sido ejecutada completamente en 2018. “El Puerto no solo ha dejado pasar los seis años de plazo legal extraordinario que tenía para ejecutarlas, sino que también dejó pasar el plazo para pedir una prórroga”, sostiene el informe.
El rediseño de la terminal, junto a los nuevos cambios para eliminar la prolongación del dique principal y el dragado del canal de acceso forman parte del informe sobre el que Puertos del Estado tiene previsto pronunciarse este mismo mes. Aurelio Martínez confía en que lo haga en sentido positivo porque, entre otras cuestiones, los materiales para rellenos de los muelles se van a ajustar estrictamente a las fuentes que contempla la vigente DIA de 2007.
Responsabilidades
Con todo, la Comissió Ciutat-Port les avisa de que llevará el asunto “hasta las últimas consecuencias” ante los tribunales de no tramitarse una nueva DIA y asegura que finalizar la ampliación con una DIA caducada “generará responsabilidad tanto al órgano sustantivo, Puertos del Estado, como a los responsables del Puerto de València”, entre ellos, su presidente y cualquier funcionario que participe en el proceso.
El informe jurídico de Antonio Montiel, cuyos argumentos ya expuso meses atrás, se basa en la reforma de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 que introdujo modificaciones sobre los plazos de ejecución de los exámenes ambientales de proyectos anteriores a su entrada en vigor que, en el caso concreto del Puerto, tendrían como consecuencia la caducidad de la DIA concedida para las obras de ampliación.
La Disposición Transitoria primera de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece que las DIA publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, como es el caso de la del Puerto, perderían su “si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley”. Esto es, en diciembre de 2019 en el caso del Puerto de Valencia.
Contra el argumento de que la ampliación norte está iniciada antes de la entrada en vigor de esa reforma legal y ahora se trata de ejecutar la segunda fase, en cuyo caso no le serían de aplicación los nuevos plazos de caducidad, el informe de la Comissió Ciutat-Port aclara que la primera fase está acabada y la segunda está sin empezar.
En ese sentido, recuerda que la propia APV las trata como dos obras diferentes, con dos proyectos constructivos diferenciados.
