La querella de Boluda es un toque de atención, de que los remolcadores españoles, defenderán su mercado.
La querella penal de la empresa de remolque de Boluda en las Las Palmas contra diversos cargos de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de las Palmas, cargos de Odiel Towage, es una clara llamada de atención de que Boluda y el resto de empresarios españoles del remolque venderán caro entrega parte de su mercado a competidores europeos, así lo creen fuentes portuarias. El mismo nombre elegido por Fairplay para su filial Odiel Towage indica su interés en otros puertos.
Más allá de vendettas personales con funcionarios de Puertos, el juego es de mayor altura. Se esperan las demandas de Odiel Towage, filial de la empresa alemana Fairplay, que se cree ahora perjudicada por obligarle al mismo número de remolcadores en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Boluda se adelanta.
La querella también va dirigida contra el ejecutivo de Odiel, y en la misma se ha esgrimido que los funcionarios que dieron la licencia a Odiel Towage, carecía de la debida Honorabilidad, para contratoscon el Estado, por haber sido condenado el grupo en un Cártel de Remolque en Alemania. Tema no menor.
En el fondo Boluda advierte a los funcionarios sean de Puertos del Estado o de cualquier Autoridad Portuaria que no va a pasar una. Y van a pasar muchas cosas, ya que los Pliegos de muchos puertos deben cambiarse o renovarse, y el mismo procedimiento de otorgamiento de licencias está en tela de juicio en estos servicios de tan escasa oferta.
El sistema de licencias ha fracasado cuando hay muy pocos licenciatarios, y por contra el procedimiento de concurso está vetado por haber destituliarizado estos servicios públicos el Estado.
Por otro lado las quejas de Fairplay y sus comunicaciones tienen un último objetivo que es plantear una queja ante las autoridades de la Competencia europea, por creer que le están obstruyendo su entrada en el mercado español.
La empresa Remolcadores y Barcazas de Las Palmas, S.A.; de Boluda, ha presentado una querella contra José Llorca, Leandro Melgar, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, Salvador Capella Hierro, Maria Bosch Mauricio, Rosaria Saa Sánchez, Walter Marín Collet y Odiel Towage S.L.U.. Curiosamente no ha incluido el prestigioso abogado penalista José Antonio Choclán, en la querella a los presidentes Luis Ibarra ni a Cardona. El primero acabo firmando la licencia que le dejo preparada Cardona.
La acusación de empresa Remolcadores y Barcazas de Las Palmas, S.A, reprocha a los querellados la comisión de presuntamente prevaricación administrativa, del art. 404, otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos art. 413, y malversación de caudales públicos.
La querella considera que “con la finalidad de facilitar una mayor competencia en algunos servicios portuarios”, estos “han maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos para favorece a Odiel Towage”. “En unas condiciones desleales y discriminatorias”.
Más clara no puede ser la tesis.El titular del juzgado de instrucción 1 de Las Palmas interpreta que, para dar la concesión, el puerto de Las Palmas debió pedir informe a Puertos del Estado, que a su vez debió recabar un informe vinculante de seguridad de la dirección general de la Marina Mercante. Eseinforme según la querellante era contrario a la tesis de Puertos del Estado de dar entrada a Odiel, por lo que, según la querella, “el presidente de Puertos del Estado retiene el expediente durante más de un año, para ralentizar la tramitación, y de otra parte, se hace una interpretación de su contenido que lo desnaturaliza y se inventa algo que no dice el informe”.
Los querellados dicen que no es así y que la DGMM incluso se adelantó a la petición de Puertos del Estado.La esencia de la querella está en la retención de ese informe favorable o contrario de la DGMM.
Al parecer según la querellante Maria Bosch, del Puerto de Las Palmas, presuntamente impidió conocer el informe y les obligó a ir a los Tribunales para conocerlo.
Al parecer el informe vinculante de la DGMM expresa que para garantizar la seguridad marítima se necesitan 9 remolcadores en los Puertos de Las Palmas.
La querellante además sostiene que con el fin de conseguir los fines que pretendían, y con el fin de eludir el TRLPEMM y el informe preceptivo y vinculante de la DGMM, que establecía una condiciones más gravosas para Odiel, Llorca ocultó aquel informe y tergiversó su contenido.
Según la acusación la inacción de los querellados, incumpliendo el deber legal de aprobar los Pliegos, PPP del Servicio de Remolque, permitió que siguieran vigentes los de 1994 y 2006, que son propios de un contrato y no de una licencia, y que ha posibilitado que la licencia se haya concedido como se ha hecho.
La querellante expone que el proyecto de Pliegos de 2016 de Remolque se previa que los remolcadores exigibles fuesen 9, (6 en Las Palmas, 1 en los Puertos de Arinaga, y Salinetas, 1 en Arrecife, y 1 en Puerto del Rosario).
También considera insólito el otorgamiento de una Licencia condicionada, a Odiel Towage, mediante dos informes de la Abogacía del Estado.
Fuentes próximas a Llorca alegan que el informe no se ocultó, que llegó antes de ser pedido y que se pasó al Puerto de las Palmas, y que la querella es dudosa y que posiblemente se pidan daños y perjuicios.
Fuente:
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 15/09/2020
