Ante las noticias que últimamente están apareciendo en distintos medios de
comunicación adquiere relevancia la querella presentada por Remolcadores y
Barcazas de Las Palmas, SA, empresa perteneciente al naviero valenciano
Vicente Boluda, contra el ex presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y
contra otros responsables del ente público y del puerto de Las Palmas. Nada
nuevo. Llueve sobre mojado. Más de lo mismo.
Hace ya tiempo que NAUCHERglobal viene poniendo, negro sobre blanco, la
realidad de lo que está sucediendo en el sistema portuario español. Los
puertos periféricos, y en especial el ente público Puertos del Estado, han sido
y son caladeros/abrevaderos de los distintos partidos políticos que a lo largo
del tiempo han ido colocando a sus afines. Éstos a su vez, con la habilidad del
superviviente, fueron capaces de desarrollar grupos de entendimiento para
mantenerse en cualquier entorno político. Una idea muy simple: cualquiera
que sea el giro del tambor de la política, ellos siempre ganan, al menos el
premio que acordaron repartirse en partes alícuotas. Los puntuales
incumplimientos de esos pactos -la codicia es mala consejera- explican
algunos de los episodios más bochornosos de la política portuaria.
En los tiempos actuales, estas reglas de reparto de poder en un medio tan
dinámico y global como es todo lo referente al mundo marítimo resultan poco
estables. Son contraproducentes, parasitan las instituciones e impiden la
innovación y el progreso, lo cual provoca una degradación del conjunto
portuario español. De ahí que los cambios de nombres tengan tan poco efecto:
estamos en un estanque cerrado donde las aguas cada vez son más turbias,
espesas y hediondas.
Entre los querellados aparecen los nombres de siempre, con los cargos
barajados por el reparto de cuotas de poder. Más arriba o más abajo, en
Madrid o en un algún puerto de interés general, ellos siempre están ahí,
controlan los vericuetos del sistema y saben que los Consejos de
Administración de los puertos dan mucho juego.
La querella contra José Llorca y otros responsables del sistema portuario
español pone en evidencia las aguas pútridas del estanque. Causa verdadero
estupor que los medios de comunicación hayan silenciado la ocultación por
parte del ente público del informe emitido por la Dirección General de Marina
Mercante (DGMM), alertando de que la oferta de un nuevo operador marítimo
para el puerto de las Palmas no cumplía los requisitos de seguridad
reglamentarios. Hay que recordar, que cuando el informe habla de seguridad,
se refiere a la vida humana en la mar y a la prevención de la contaminación
marina, materias de las que forman parte esencial el remolque y el practicaje.
Estos temas de seguridad de la vida de las personas y del medio ambiente
marino llevan con cierta frecuencia caminos divergentes respecto a los
intereses económicos. En esos casos siempre ha de prevalecer la seguridad.
El puerto de La Luz y de Las Palmas tiene un tráfico marítimo complejo y
continuo, el volumen de cargas es muy variado, algunas de ellas con un alto
índice de peligrosidad. Cerca del puerto, además, está la toma de la
depuradora que suministra agua dulce a toda la Isla. La contaminación de las
aguas de la zona crearía no solo un problema sanitario sino también de
suministro a la población de la isla, incluido el turismo, con las repercusiones
internacionales que ello representaría. Es decir, se trata de un puerto donde
las medidas preventivas han de ejecutarse con especial rigor.
Ante la inobservancia de la seguridad de las aguas y del tráfico portuario por
los máximos responsables de Puertos del Estado cabe preguntarse por los
intereses que la han motivado. ¿Qué hay detrás…? ¿Qué sombras alargadas
se proyectan para que el cuerpo jurídico de Puertos del Estado y la mayoría
del Consejo de Administración del puerto de Las Palmas acaten, según la
querella, una decisión infundada a sabiendas, además, de que el informe de
la DGMM se oponía a la entrada del nuevo operador marítimo por razones de
seguridad?
Todo esto nos lleva a pensar que la degradación es tan grande en el sistema
portuario español que cumplir con la conciencia y el rigor profesional cada vez
resulta más difícil.
Urge un cambio profundo del modelo portuario, empezando por la gestión de
los puertos periféricos y acabando en ese cementerio de elefantes en que se
ha convertido Puertos del Estado, cada vez más gangrenado. Nunca debió
ser un ente independiente de Marina Mercante. Los puertos dependen de los
buques que escalan en sus dársenas y lo lógico, dada su naturaleza, es
subordinar la política portuaria al organismo competente en la seguridad y el
ordenamiento del tráfico marítimo. Todo lo demás es favorecer los errores y
arbitrariedades en nombre de una abstracción, la competitividad económica, a
la que se coloca por encima y por delante de la seguridad de las personas y
del medio ambiente. Un desastre.
La competitividad no puede ser utilizada para incumplir las normas de
seguridad. Y de eso advertía el informe que la DGMM envió al ente público
Puertos del Estado y a la Capitanía Marítima de Las Palmas, oponiéndose a
la entrada de un nuevo operador portuario sin las garantías necesarias.
Fuente: https://bit.ly/35RbUpv
